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FUNCIÓN Y LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN PENAL 127

mas de control social distintas a la pena. Es importante, sin embargo, sub-
rayar el peligro de que esta búsqueda se oriente más hacia un aumento de
eficacia que hacia una ingerencia más soportable en la vida de las personas
sujetas a control y, sobre todo, de que la persecución de una mayor efica-
cia redunde incluso en intromisiones más intolerables en los derechos de
los afectados.

No debe olvidarse, en efecto, que la pena se halla sometida, en mayor
o menor medida, a una serie de límites normativos que sirven de garantía
al individuo. Enumeraré sólo los más importantes. El Estado de Derecho
impone el primer límite fundamental: el principio de legalidad, según el
cual sólo pueden castigarse aquellos hechos que se hallan previstos previa-
mente por la ley como delitos, y únicamente con las penas que también se-
ñale de antemano la ley. Tal principio encierra tanto el sentido de ofrecer
seguridad al ciudadano acerca de cuándo puede o no ser sometido a una
pena, como un significado político liberal, de exigir que sean sólo los re-
presentantes del pueblo en el Parlamento quienes puedan decidir cuándo
puede imponerse una pena. Este principio de legalidad es precisamente lo
que distingue a la pena jurídica de otros medios de reacción social frente al
^^-'lito, que por ello ofrecen menos garantías al individuo. Pero un Estado
de Derecho democrático está llamado a respetar, además, otros límites en
el uso de la pena que afectan a su contenido. Así: el principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos, según el cual no pueden castigarse hechos
meramente inmorales; el principio de culpabilidad por el hecho, que prohi-
be castigar más que en la medida en que al sujeto le sea atribuible una con-
ducta antijurídica; el principio de proporcionalidad, que exige una cier-
ta proporción entre la gravedad del hecho realizado y la pena a imponer, y
el principio de resocialización, hoy muy debatido, pero sancionado por la
Constitución (artículo 25) y por la ley Penitenciaria (artículo 1), que obliga
al Estado a orientar las penas, a facilitar (¡no imponer!) al delincuente
alternativas al comportamiento criminal o al menos, cuando no sea posible,
a esforzarse en evitar que la pena ejerza efectos desocializadores inne-
cesarios.

Todo lo anterior conduce a la conclusión que quería alcanzar y con la
que quería cerrar mi intervención: la pena es un instrumento hoy por hoy
fundamental en la lucha contra el delito y en pro de la seguridad ciudadana.

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128 EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO

pero lo es no tanto porque sea el medio más eficaz de control social ima-
ginable, sino, en cierto modo, al revés, porque constituye una forma limi-
tada de prevención, sometida a garantías ya irrenunciables en un Estado so-
cial y democrático de Derecho.^' Andan equivocados quienes piensan que
el fiíturo Código penal que ha de aprobar el Parlamento ha de justificarse
como un Código más eficaz que acabe de una vez con la inseguridad en
nuestras ciudades. El nuevo Código que necesita la joven y todavía débil
Democracia española no debe encontrar tanto su diferencia específica res-
pecto del actual Código de la Dictadura en una mayor eficacia, cuanto en
una más acabada sujeción a los límites que las exigencias democráticas im-
ponen a la mera eficacia represiva. El aumento de la seguridad ciudadana
ha de buscarse por otra vía previa, la de una Política social adecuada. Este
camino es, como todo camino democrático, más difícil, pero también el
único que conduce a soluciones a largo plazo. No se trata de ponerle un
parche doloroso al presente, sino de que el mal de hoy sirva de acicate para
construir un futuro mejor.

2L En esta línea Hassemer, «Pravention und Strafgesetzgebung», en Pravention und Strafrecht,
Kriminologische Schriftenreihe der Deutschen Kriminologischen Gesellschaft, t. 67, Heidelberg/Ham-
burgo, 1977, pp. 45 y s.

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Impreso en el mes de junio de 1994
en Talleres Gráficos HUROPE, S. A.

Recaredo, 2
08005 Barcelona

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