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'n P I

LA IMPUTAC ION OBJETIVA
EN EL DERECHO PENAL

Traductor y editor: Di MANUEL A. ABANTO VASQUEZ

(Incluye artículo introductorio de la Dra. PAZ M. DE LA
CUESTA AGUADO, Profesora Titular de Derecho Penal de

la Universidad de Cádiz)

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LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL /

CLAUS ROXIN

Traducción y edición: Dr. Manuel A. Abanto Vásquez

(Incluye artículo introductorio de la profesora española
PAZ M. DE LA CUESTA AGUADO).

a

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La Imputación Objetiva en el Derecho Penal

su sistema a partir de las aportaciones de PU FFENDORF -
al que supuestamente, sin embargo, superaba- y el propio
WELZEL no inventó ex-novo su concepto de la acción fi-
nal, sino que por el contrario, la característica fundamental
de la finalidad del actuar humano ya había sido afirmada
por FILANGHERI 2 o IHERING 3 .

Por otro lado, buena parte de los esfuerzos doctrinales
desde BINDING hasta nuestros días se han dirigido a la
búsqueda y delimitación teórica de los requisitos y exigen-
cias que debe cumplir un comportamiento humano para
poder ser relacionado con la producción de un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico'''.

Efectivamente, no es necesario recordar cómo la evo-
lución del concepto de delito ha ido perfilándose de la mano
de distintas concepciones filosóficas que daban lugar a
nuevos planteamientos y formas de comprender el signifi-
cado del actuar humano en el delito. Esta evolución no sólo
no ha acabado, sino que están adquiriendo fuerzas nuevas
-o tal vez no tan nuevas sino «recicladas»- teorías que a
partir siempre de la cuestión básica de la atribución inten-
tan realizar nuevas interpretaciones, cada vez más norma-
tivas del concepto y de los elementos del delito.

2 Para FILANGHER1, C., «Será pues acción voluntaria la que depende la de determi-
nación de la voluntad, precedida de los estímulos del apetito, y del conocimiento del
fin y de las circunstancias de la acción, y será involuntaria la acción que procede de

violencia ó de ignorancia», Ciencia de la Legislación, T. IV trad. por Juan Rivera,

Madrid 1821, p. 93.
3 VON 1HERING, R., El fin en el Derecho, Buenos Aires, Argentina, (sin fecha), pp.

11 y 12 («obrar y obrar con un fin son términos equivalentes»).
Gráficamente afirma CUELLO CONTRERAS que «causalismo, finalismo y norma-
tivismo constituyen paradigmas que, utilizados con las debidas cautelas permiten
resumir lo que ha sido objeto de un vivo debate en los últimos cincuenta años de
Dogmática Penal», CUELLO CONTRERAS, J., «Prólogo a libro Teoría del delito

imprudente (Doctrina general y regulación legal, de SERRANO GONZALEZ

MURILLO, J.L., Madrid 1991, p. 17.

La Teoría de la Imputación Objetiva 51

El término atribución debe entenderse aquí como rela-
ción por la cual la conducta humana y su resultado se
subsumen en un tipo penal y como consecuencia de tal
subsunción se decide la exigencia (o no) de responsabili-
dades penales5 .

No deja de ser paradójico el hecho de que algunos au-
tores reclamen -en los últimos años- la vuelta a
PUFENDORF, responsable del primer intento sistematiza-
dor del concepto de delito6. La preeminencia del concepto
causal-naturalístico u ontológico de acción', como concep-
to genérico comprensivo de la «atribución> , en el presente
siglo, ha demostrado su incapacidad para resolver satis-
factoriamente los problemas dogmáticos que se le han ido
planteando. Y el delito doloso de acción ha dejado de ser,
de hecho, el paradigma y el más representativo de las «for-
mas>, de delitos, en cuya estructura se basaba la teoría del

En este sentido, siguiendo a PAREDES CASTAÑON, J.M., El riesgo permitido en
Derecho penal (régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas), Madrid, 1995,
p. 50, debemos distinguir entre «juicios descriptivos», «juicios valorativos» y «jui-
cios de atribución». Juicios descriptivos son aquellos en los que se atribuye al ohjetode
la acción una cualidad verificable empíricamente ((juicio de peligrosidad o de
causalidad, según este autor). Los juicios de valoración y de atribución no son
verificables empíricamente, pero mientras el juicio de atribución «supone un acto de
otorgamiento de sentido a fenómenos (descritos mediante juicios descriptivos)»; el
juicio de valoración es la comprobación entre el hecho realmente ocurrido y la pauta
ideal de sucesos (o aplicado a las conductas humanas: entre conducta ideal y conduc-
ta real) y la consiguiente toma de posición sobre aquél por parte del juzgador» (p.
52).

6 SAMUEL PUFENDORF, fue el primero en desarrollar la idea de que la acción libre es
contemplada como perteneciente al autor. Puede verse en JESCHECK, H.H. Tratado
de Derecho Penal, parte general. trad. MANZANARES SAMANIEGO, J.L. ed. alemana,
Granada 1993, p. 378.

«Durante mucho tiempo el tipo penal fue concebido de tal manera que prácticamente
consistía y se agotaba en la causación del resultado tipico por una acción»
(GIMBERNAT ORDEIG, E., «El sistema de Derecho penal en la actualidad» en
Estudios de Derecho Penal, 2' ed., Madrid 1980. p. 139.). El tipo penal consiste «en
la descripción de la conducta prohibida y su fin es el de motivar -mediante la amena-
za con una pena- para que dicha conducta no se corneta» (p. 145).



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su sistema a partir de las aportaciones de PUFFENDORF -
al que supuestamente, sin embargo, superaba- y el propio
WELZEL no inventó ex-novo su concepto de la acción fi-
nal, sino que por el contrario, la característica fundamental
de la finalidad del actuar humano ya había sido afirmada
por FILANGHERI 2 o IHERING 3 .

Por otro lado, buena parte de los esfuerzos doctrinales
desde BINDING hasta nuestros días se han dirigido a la
búsqueda y delimitación teórica de los requisitos y exigen-
cias que debe cumplir un comportamiento humano para
poder ser relacionado con la producción de un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico 4 .

Efectivamente, no es necesario recordar cómo la evo-
lución del concepto de delito ha ido perfilándose de la mano
de distintas concepciones filosóficas que daban lugar a
nuevos planteamientos y formas de comprender el signifi-
cado del actuar humano en el delito. Esta evolución no sólo
no ha acabado, sino que están adquiriendo fuerzas nuevas
-o tal vez no tan nuevas sino «recicladas»- teorías que a
partir siempre de la cuestión básica de la atribución inten-
tan realizar nuevas interpretaciones, cada vez más norma-
tivas del concepto y de los elementos del delito.

2 Para FILANGHERI, C., «Será pues acción voluntaria la que depende la de determi-
nación de la voluntad, precedida de los estímulos del apetito, y del conocimiento del
fin y de las circunstancias de la acción, y será involuntaria la acción que procede de

violencia ó de ignorancia», Ciencia de la Legislación, T. IV trad. por Juan Rivera,

Madrid 1821, p. 93.
3 VON IHERING, R., El fin en el Derecho, Buenos Aires, Argentina, (sin fecha), pp.

11 y 12 («obrar y obrar con un fin son términos equivalentes»).
Gráficamente afirma CUELLO CONTRERAS que «causalismo, finalismo y norma-
tivismo constituyen paradigmas que, utilizados con las debidas cautelas permiten
resumir lo que ha sido objeto de un vivo debate en los últimos cincuenta años de
Dogmática Penal», CUELLO CONTRERAS, J., «Prólogo a libro Teoría del delito

imprudente (Doctrina general y regulación legal, de SERRANO GONZALEZ

MURILLO, J.L., Madrid 1991, p. 17.

El término atribución debe entenderse aquí como rela-
ción por la cual la conducta humana y su resultado se
subsumen en un tipo penal y como consecuencia de tal
subsunción se decide la exigencia (o no) de responsabili-
dades penales5 .

No deja de ser paradójico el hecho de que algunos au-
tores reclamen -en los últimos años- la vuelta a
PUFENDORF, responsable del primer intento sistematiza-
dor del concepto de delitos. La preeminencia del concepto
causal-natural ístico u ontológico de acción', como concep-
to genérico comprensivo de la «atribución» en el presente
siglo, ha demostrado su incapacidad para resolver satis-
factoriamente los problemas dogmáticos que se le han ido
planteando. Y el delito doloso de acción ha dejado de ser,
de hecho, el paradigma y el más representativo de las «for-
mas» de delitos, en cuya estructura se basaba la teoría del

En este sentido, siguiendo a PAREDES CASTAÑON, J.M., El riesgo permitido en
Derecho penal (régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas), Madrid, 1995,
p. 50, debemos distinguir entre «juicios descriptivos», «juicios valorativos» y «jui-
cios de atribución». Juicios descriptivos son aquellos en los que se atribuye al objetode
la acción una cualidad verificable empíricamente ((juicio de peligrosidad o de
causalidad, según este autor). Los juicios de valoración y de atribución no son
verificables empíricamente, pero mientras el juicio de atribución «supone un acto de
otorgamiento de sentido a fenómenos (descritos mediante juicios descriptivos)»; el
juicio de valoración es la comprobación entre el hecho realmente ocurrido y la pauta
ideal de sucesos (o aplicado a las conductas humanas: entre conducta ideal y conduc-
ta real) y la consiguiente toma de posición sobre aquél por parte del juzgador» (p.
52).

6 SAMUEL PUFENDORF, fue el primero en desarrollar la idea de que la acción libre es
contemplada como perteneciente al autor. Puede verse en JESCHECK, H.H. Tratado
de Derecho Penal, parte general. trad. MANZANARES SAMANIEGO, J.L. 4' ed. alemana,
Granada 1993, p. 378.

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«Durante mucho tiempo el tipo penal fue concebido de tal manera que prácticamente
consistía y se agotaba en la causación del resultado tipico por una acción>,
(GIMBERNAT ORDEIG, E., «El sistema de Derecho penal en la actualidad» en
Estudios de Derecho Penal, 2' cd., Madrid 1980. p. 139.). El tipo penal consiste «en
la descripción de la conducta prohibida y su fin es el de motivar -mediante la amena-
za con una pena- para que dicha conducta no se corneta» (p. 145).

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en tales casos arguyendo que el objeto típico de protección
de todas maneras estaba perdido, es decir, no podía peli-
grar más mediante el autor. El peligro realizado es la reali-
zación de un peligro creado únicamente por el autor, y esto,
según el motivo explicado, sólo puede ser considerado bajo
aspectos normativos. Tampoco un autor imprudente puede
hacer valer el argumento, tal como un autor doloso, de que
la lesión del bien jurídico causada por él, de no haberse
producido mediante el hecho imprudente, también la hu-
biera causado otro (BGHSt tomo 30, p. 228 ; comp. nota
marg. 19).

Todo esto también tiene que valer cuando el autor re- 50
emplazante habría actuado de conformidad con el Dere-
cho'''. Luego, siempre es punible por delito de daños quien
tala un árbol ajeno, pero que el propietario mismo también
había querido talar, o quien mata una vaca ajena que de
todas maneras habría tenido que ser sacrificada por moti-
vos sanitarios. Igualmente debe condenarse por homicidio
en el caso típico de aquél particular que (estando en vigen-
cia la pena de muerte) ocupa el lugar del juez ejecutor y
pone en funcionamiento él mismo la silla eléctrica. Pues
cuando el legislador solamente permite una acción típica a
determinadas personas o funcionarios, esta restricción sólo
puede imponerse cuando se mantiene estrictamente la pro-
hibición frente a otros. Llevaría a situaciones intolerables
que cualquiera pueda "arrestar" impunemente a otros, pese
a las reglas legales sobre competencia y jurisdicción, sólo
por el hecho de que la Policía ya estaba facultada para ello
por un mandato judicial. No constituye ninguna excepción

74 En contra de Samson, 1972, p. 142 y s. De la misma manera que aquí, no obstante,
Schrinke/SchrOder/Lenckner (24' ed.), com. previo art. 13, n. marg. 98 : Jescheck, D.
P. p. g., cap. 28 IV 2 W. Frisch. 1988, p. 565 y ss.

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blema de si, y eventualmente en qué medida deben consi-
derarse cursos causales hipotéticos en el juicio sobre la
creación o la elevación de un riesgo. Como sabemos, para
la causalidad, en los delitos de comisión, los cursos causales
hipotéticos son irrelevantes (n. marg. 19, 30) ; no obstante,
esto no impediría atribuirles un efecto excluyente de la im-
putación. En este campo todavía hay mucho que aclarar.
Sin embargo, hay consenso por lo menos en cuanto al caso
más importante : la imputación de una realización típica
antijurídica no puede ser descartada cuando estaba dispo-
nible un reemplazante que hubiera asumido el hecho en
caso de que el actor se hubiera retirado (principio de asun-
ción) 72 .

[304->]

Entonces, cuando durante una guerra se fusila de ma- 49
nera antijurídica a alguien, el autor no puede liberarse re-
curriendo a criterios de imputación (respecto a la causalidad
comp. n. marg. 19) y defenderse diciendo que en caso de
negativa otro hubiera realizado el fusilamiento. Quien roba
una cosa no puede invocar que, en caso contrario bajo las
circunstancias dadas otro hubiera tomado sin duda la cosa ;
es decir, ésta habría estado perdida de cualquier manera
para el propietario. Esto resulta de la idea teleológicamente
obligatoria de que el ordenamiento jurídico no puede retirar
sus prohibiciones por el hecho de que otro estaba dispues-
to a infringirlas 73. De lo contrario se produciría la impunidad
sólo porque en lugar de una sola persona decidida a come-
ter el hecho había varias -un resultado evidentemente irra-
cional. Por ello no debe discutirse un aumento del peligro

72 El término proviene de Sarnson comp. Samson, 1972, p. 129-151.
73 Comp. sobre todo Samson, 1972, p. 137 y ss. SK-Rudolphi, com. prev. art. I, n.

marg. 60 Stratenwerth. D. P., p. g., n. marg. 228: Knhl, JR 1983, p. 34.

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a esta regla 75 el que quede impune quien, en una situación
de legítima defensa, emprende en su defensa una acción
lesionadora que cualquier otro hubiera realizado, puesto
que aquí el actor tiene el mismo motivo de justificación (auxi-
lio necesario) que el que hubiera tenido el reemplazante.

[305->]

Por el contrario, la imputación es excluida allí donde el
autor solamente modifica una causalidad natural, sin em-
peorar en general la situación de la víctima. Samson 76 pro-
pone el siguiente caso :

F conduce un vagón por un tramo de dos vías, pero
este tramo está obstruido por un derrumbe, por lo cual F no
podría frenar oportunamente y se estrellaría contra una roca.
A cambia las agujas de tal manera que el vagón pasa de la
vía izquierda a la derecha, la cual también está bloqueada
por el derrumbe. F perece en esta otra vía.

En constelaciones de este tipo no son válidos los moti-
vos que excluyen la consideración de causas humanas de
reemplazo (nota marg. 48-50). Puesto que cuando hay la
disminución del riesgo (nota marg. 43) los cursos causales
hipotéticos son de todas maneras relevantes para la impu-
tación, hay buenos motivos para imputar la modificación de
causalidades naturales solamente cuando mediante ellas
se aumenta o se anticipa temporalmente el daño ; es decir
cuando se le intensifica (principio de la intensificación) 77 .
Pues bajo el punto de vista de la protección del bien jurídi-
co da lo mismo que la víctima muera en la vía izquierda o
en la derecha, y la simple modificación de un suceso, que
fatalmente se pone en marcha independientemente del

75 Pero aparentemente sí lo es para SK-Rudolphi, com. prev. art. 1, n. marg. 61.
76 Samson, 1972, p. 98.
77 Samson, 1972, p. 96 y ss.

autor, al ser valorada socialmente 78 , no aparece como un
homicidio independiente . Si el actor ha querido dañar más
a la víctima mediante su intervención (p. e. ha acelerado su
muerte o incrementado su lesión), entonces sólo queda la
posibilidad de la punición por tentativa, cuando sólo consi-
gue producir una modificación no dañina del resultado. La
solución también puede ser trasladada al caso en que un
curso causal proveniente de una persona ha abandonado
su ámbito de dominio. Así es impune quien desvía un pro-
yectil de tal manera que alcanza a la víctima en otra parte
del cuerpo, pero con la misma intensidad y sin aumentar el
daño79 , o es solamente punible por una tentativa según el
art. 223a, cuando quería empeorar la lesión.

Por otro lado hay dudas contra una exclusión de la im-
putación cuando alguien no solamente modifica una
causalidad natural, sino la reemplaza por una acción autó-
noma, p. e. disparando a la víctima de un derrumbamiento
(n. marg. 51) en el momento de la colisión mortal. También
en tales casos, que por cierto casi nunca tendrán importan-
cia práctica, se niega a menudo una imputación porque la
situación de la víctima no ha sido empeorada 80. No obstan-
te, el reemplazo de una causalidad natural mediante una

Igual que aquí Schónke/Schr6der/Lenckner, com. prev. art. 13, n. marg. 98 ; E. A.
Wolff, 1965, p. 22 ; en sus resultados también Samson, 1972, p. 96 y ss. ; SK-Rudolphi,
com. prev. art. 1, n. marg. 59 y s. ; Stratenwerth, D. P., p. g., n. marg. 228 y s ; pero en
sentido contrario Jescheck, D. P., p. g., cap. 28 IV 2.

79 Así también Samson, 1972, p. 144 y s.
80 Así sobre todo Samson, 1972, p. 110 y ss., y siguiendo su posición, SK-Rudolphi,

com. prev. art. 1, n. marg. 59 y s. ; Stratenwerth, D. P., p. g., n. marg. 228 y s.; pero
diferentemente y de igual manera que aquí Schónke/Schróder/Lenckner, com. previo
art. 13, n. marg. 98 ; E. A. Wolff, 1965, p. 22 ; Jescheck, D. P., p. g., cap. 28 IV 2 ; W.
Frisch, 1988, p. 567.

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