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TagsCrime & Justice Judiciaries Justice Jurisdiction Sentence (Law)
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Servicio Canario de la Salud – Tema 8 Revisión de actos administrativos


LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS


INTRODUCCIÓN

Partiendo de la base de que los actos administrativos gozan de presunción de validez (“Los ac-
tos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán váli-
dos…”), ello no significa que realmente sean válidos, sino que con más frecuencia de la desea-
da incurren en algún vicio que los hace nulos de pleno derecho o anulables.

A estos efectos, la Ley permite a la Administración que, por sí misma, sin ser impelida por los
interesados, pueda revisar de oficio sus actos administrativos, retirándolos del mundo del Dere-
cho.

En otras ocasiones, son los particulares interesados los que, a través de la interposición de los
correspondientes recursos administrativos o, en su caso, contencioso-administrativo, obligan a
la Administración a efectuar esa retirada, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, respecti-
vamente.


LA REVISIÓN DE OFICIO

Es la efectuada motu proprio por la Administración, a cuyos efectos, para impedir una conducta
arbitraria por la misma, que generaría una absoluta inseguridad jurídica (lo que está absoluta-
mente prohibido por la Constitución española, al consagrar los principios de seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad), la Ley permite que sea la Administración la que revise sus pro-
pios actos.


a) Revisión de disposiciones y actos nulos (art. 102)

Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de inte-
resado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrati-
vos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 62.1.

Por tanto, la declaración de nulidad podrá instarse en cualquier momento (imprescriptibilidad de
la nulidad de pleno derecho).

La declaración de oficio, por las Administraciones Públicas, de los actos nulos de pleno derecho
exige:


Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere.


Que el acto administrativo de que se trate haya puesto fin a la vía administrativa o que

no haya sido recurrido en plazo.


Que concurra alguno de los motivos de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen fa-
vorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo
hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previs-
tos en el artículo 62.2.


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El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a
trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:


Cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62.

Cuando las mismas carezcan manifiestamente de fundamento.


En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes

sustancialmente iguales.

Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán estable-
cer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se
dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley (relativos a la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas); sin perjuicio de que, tratándose de
una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

En cuanto a los efectos del silencio administrativo (no resolución expresa y notificación en plazo
del procedimiento de declaración de nulidad), se prevé:


Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo


Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la

misma desestimada por silencio administrativo.


b) Declaraci ón de lesivi dad de actos anulables (art. 103)

Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favora-
bles para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta
Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados
en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.

La declaración de lesividad, por las Administraciones Públicas, de los actos anulables exige:


Que el acto administrativo de que se trate sea favorable para el interesado y lesivo para
el interés público.


Que concurra alguno de los motivos de anulabilidad del artículo 63.


Que hayan transcurrido no más de cuatro años desde que se dictó el acto.


Que se de audiencia al interesado (como garantía de no indefensión) durante la trami-

tación del procedimiento de declaración de lesividad.

En cuanto a los efectos del silencio administrativo (no resolución expresa y notificación en plazo
del procedimiento de declaración de lesividad), transcurrido el plazo de seis meses desde la ini-
ciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del
mismo.


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2) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque

sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.


3) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declara-
dos falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.


4) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,

violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en
virtud de sentencia judicial firme.


El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del
plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los
demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que la sentencia judicial quedó firme.

Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la
solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 (revisión de oficio de actos nulos de
pleno derecho) y 105.2 (rectificación de errores) de la presente Ley ni su derecho a que las
mismas se sustancien y resuelvan.


b) Resolución (art. 119)

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmi-
sión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma:


Cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo anterior.


En el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sus-
tancialmente iguales.



El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse
no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cues-
tión resuelta por el acto recurrido.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión
sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la
vía jurisdiccional contencioso-administrativa.






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b) Si hubiere recaído en virtud de documentos cuya falsedad se reconociese o declarase
después.


c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido

condenados por falso testimonio.


d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra
maquinación fraudulenta.

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